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Nueva Ley de Caza de Castilla y León. La caza rebautizada como gestión

Nueva Ley de Caza de Castilla y León. La caza rebautizada como gestión

La caza, rebautizada como gestión

La nueva Ley de Sostenibilidad de los Recursos Cinegéticos elaborada por la Junta, bajo la lupa del cada vez más amplio colectivo interesado en el futuro de la fauna

Prácticamente todos los sectores sociales están inmersos en el análisis del anteproyecto de la futura Ley de Caza de Castilla y León, esperada con ansiedad por las inconsistencias de la anterior, que motivaron una cascada de falos judiciales adversos. Por primera vez , y para asombro de muchos, pierde el histórico nombre de caza y pasa a denominarse Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Una nueva denominación que algunos califican de modernización «porque se entiende la práctica cinegética no solo como caza, sino un control de la superpoblación que agricultores, ganaderos y sociedad debería agradecer».

Clamándose a voces una nueva Ley, el nuevo texto despierta el interés de todos los colectivos porque la cuestión de la fauna salvaje es un patrimonio, en principio, de la Naturaleza, y luego de toda la sociedad, por lo que lloverán las alegaciones, entre otros, de cazadores, conservacionistas, organizaciones agrarias y entidades locales.

La comunidad autónoma de Castilla y León, que reitera su competencia «exclusiva» para elaborar la Ley de Caza, considera urgente, necesario y oportuno «reemplazar» una norma que en solo 23 años en vigor (Ley 4/1996) ha quedado obsoleta. Según Medio Ambiente «porque se ha producido una notable evolución social agudizada por los procesos simultáneos de urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, evidenciados en el vaciado demográfico del medio rural y el envejecimiento de la población. Cambios que han tenido una repercusión de en los ecosistemas, con un notable incremento de los terrenos forestales en zonas de montaña, en gran medida fruto de una menor utilización del territorio por la población humana, y asimismo notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, debidos a la tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, con efecto negativo, en bastantes ocasiones, para las especies silvestres.

La Junta asegura que, en consecuencia, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy diferente a la existente hace 23 años, dando lugar a efectos no deseables como notable incremento de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo, preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que equivale a 20 accidentes al día; y la mayor dificultad en el control de determinadas epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en algunos casos, de la salud de las personas.

También repara en el acentuado descenso del número de cazadores, con más de 35.000 efectivos perdidos en poco más de dos décadas, así como el creciente interés en la conservación de la naturaleza por parte de un sector considerable de la población, que reclame mayores garantías para que no se ponga en riesgo con la práctica de la caza.

La nueva Ley se asienta en el principio de sostenibilidad de los recursos cinegéticos en su integridad y ligada a la conservación de las especies cinegéticas.

La Junta resalta el principio de transparencia porque somete el anteproyecto de Ley a los trámites de audiencia, información pública y participación a través de la plataforma «Gobierno Abierto» de la Junta de Castilla y León. También defiende «la coherencia» al tener en cuenta el resto de la normativa reguladora de las actividades humanas que afectan al medio ambiente,

Vistos los precedentes y varapalos judiciales por la falta de rigor científico en los datos que avalan las poblaciones cinegéticas, que han llevado a los Tribunales a comprometer la caza, la Junta «justifica» el presente anteproyecto ley en cuantos informes, documentos, estudios, planes y referencias existen en los departamentos administrativos y que tilda de «científicos» para subrayar la credibilidad.

Otro de los grandes cimientos del ejercicio de la caza a son los impactos económicos. La actividad cinegética «suponen un parte sustancial de los ingresos de la población». Resalta la Junta que la caza «es un motor económico», y ofrece el dato, recogido del informe Artemisan, «de que por cada euro invertido en la actividad cinegética se generan 1,18 euros del PIB».

El territorio cinegético, que se extiende por la mayor parte de la geografía y, en muchos municipios, por todo el término, se reparte entre cotos privados, reservas regionales y cotos regionales con titulares como entidades locales, ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones de cazadores o clubes deportivos. «Nos encontramos ante un escenario en el que el gestor habitual de la caza no es una sociedad mercantil financieramente potente, sino que se trata de una caza social o colaborativa (por ejemplo, la sociedad de cazadores local que con las aportaciones de sus socios vecinos-hijos del pueblo afronta la organización de la caza en su territorio)» expone en su memoria la Junta. Subraya que «precisamente las comarcas rurales de Castilla y León, especialmente las menos industrializadas o pobladas, son las más dependientes respecto de los ingresos derivados de la caza, hasta el punto de que tales ingresos constituyen, a día de hoy, la única renta en cuanto a recursos naturales renovables y que, indirectamente, la actividad cinegética prestada por un turismo de este tipo es capaz de dinamizar sectores hosteleros que durante la época invernal, si no es por este tipo de visitantes, deberían realizar un cierre del establecimiento a la espera de un turismo familiar más vinculado a la época estival. Es decir, la caza es una actividad económica esencial en la economía local del medio rural que contribuye además, en gran medida, a evitar la despoblación de Castilla y León».

Asimismo, en la nueva Ley se impulsan el ejercicio de la caza «los daños a la sanidad animal, al sector ganadero y riesgos para la salud de las personas». Al respecto se remarca «la preocupación por las repercusiones de las enfermedades transmisibles de los animales y de las medidas necesarias para controlarlas, ya que pueden ser devastadoras para los animales individualmente y para sus poblaciones, para sus poseedores y para la economía en general». Se alude a «que las enfermedades transmisibles de los animales también pueden repercutir en la salud pública y en la seguridad de los alimentos; en los sectores agropecuario y acuícola, en la salud pública, en el medio ambiente y en la biodiversidad.

Fuente. La Opinión de Zamora

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Redacción Desveda

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