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El Estado y los propietarios de derechos en Parques Nacionales tendrán hasta 2020 para negociar los derechos

El Estado y los propietarios de derechos en Parques Nacionales tendrán hasta 2020 para negociar los derechos

El Proyecto de
Ley de Parques Nacionales,
que se encuentra en fase de
tramitación en el
senado, ha dado hoy un
nuevo paso tras quedar
registradas todas las
enmiendas.

Entre esas enmiendas
hay una que está
levantando especial
polvareda y es la 278, que
finalmente sigue adelante
pero con algunas
modificaciones, la
más significativa es
que se pone un plazo de seis
años para que los
propietarios de derechos y el
Estado lleguen a un
acuerdo. 

 

En teoría, y en
virtud de la Ley de Parques
Nacionales aprobada en el
año 2007 y que a
día de hoy es la
vigente, los titulares de los
terrenos perderían en
el año 2017 ciertos
derechos, entre ellos los de
la caza, pero a cambio,
deberían ser
indemnizados por la
administración
central. En previsión
de que la
compensación no va
a llegar a tiempo pues ahora
mismo se está
haciendo una
valoración de esos
derechos, esa enmienda,
pretende prorrogar en el
tiempo esos derechos de los
propietarios hasta que sean
indemnizados por la
pérdida que se
contempla de los mismos. En
un principio, no se
establecía una fecha
concreta, pero hoy mismo, el
PP en el senado ha incluido
una modificación en
la que se dice: “Las
Administraciones
Públicas
adoptarán, en un
plazo máximo de seis
años a partir de la
entrada en vigor de la
presente Ley, las medidas
precisas para adecuar la
situación de los
parques nacionales ya
declarados a la entrada en
vigor de esta Ley a las
determinaciones contenidas
en los artículos 6 y 7
de la misma, con la
excepción de lo
relativo a las superficies
mínimas establecidas
en el artículo 6.1 c).
En los casos en que la
adecuación afecte a
derechos de terceros, las
Administraciones
Públicas
promoverán la
celebración de
acuerdos voluntarios o en su
defecto, aplicarán los
procedimientos de
expropiación forzosa
o rescate de los
correspondientes
derechos”. 

 

Para que el asunto pueda
entenderse de una mejor
manera, lo más
efectivo es descender al
terrero y fijarse en los dos
parques nacionales que hay
en Castilla y León:
Picos de Europa y
Guadarrama y que por otra
parte, el modo en que les
afecta es algo
diferenciado. 

 

El Parque Nacional de
Picos de Europa, cuenta con
64.660 hectáreas, de
las que 24.719, están
en la vertiente castellano y
leonesa. De ese
número, alrededor de
23.000 hectáreas, son
Reserva Regional de Caza, lo
que quiere decir que los
propietarios de esos terrenos
reciben un dinero por la
explotación
cinegética, es decir,
por los derechos. 

 

La mayor parte de esta
superficie se asienta en dos
términos municipales
completos, Posada de
Valdeón y Oseja de
Sajambre, que cada
año reciben, en
función del precio de
la caza, cantidades por los 10
o 20 jabalíes que se
abaten, alrededor de 15
ciervos, seis corzos y tres
lobos, según
estimaciones de la
consejería de Medio
Ambiente. 

 

Todo eso, ahora hay que
capitalizarlo, y lo cierto es
que el precio de la caza ha
bajado mucho desde que se
promulgó esa ley y
que los cálculos de
aprovechamiento que se
están haciendo, van
en función de los
precios medios que se
están dando en las
subastas actuales. 

 

El senador del PP y
portavoz de la
comisión de Medio
Ambiente, Vicente Aparici,
insiste en que “no se
pueden eliminar los derechos
de algunos sin que sean
compensados pero esta
enmienda no supone
ningún cambio con
respecto a la ley anterior, a
lo que ya tenemos, es una
garantía
jurídica para quien
tiene un
derecho”. 

 

En relación a la
modificación precisa
que “después
de las negociaciones con los
ecologistas y propietarios, se
ha determinado este
planteamiento y lo que
cambia es que se ha
establecido un plazo de seis
años, en 2020 se tiene
que haber llegado a un
acuerdo”. 

 

Por otra parte matiza
que “la ley es
genérica y derechos
hay muchos, no solo de
caza”. 

 

En lo que a Guadarrama
se refiere, la vertiente de
Castilla y León
abarca 11.000
hectáreas de las que
unas 3.000 son del Estado,
unas 5.000 de la Junta y
3.000 más,
pertenecen a ayuntamientos
o entes privados, entre los
que estarían cotos de
caza e incluso, la
explotación de una
mini central. Después
de lo dicho, la incidencia
sería mucho mayor
en Picos, en el caso de
Guadarrama, están
afectados algunos trozos de
los municipios y la caza se
asienta en zonas muy altas
por lo que el
aprovechamiento, es
menor. 

 

Esta circunstancia se
puede comprobar en el Real
Sitio, municipio incluido en el
parque nacional pero en cuyo
caso, las hectáreas
afectadas son propiedad del
Estado y, evidentemente, no
se va a autoindemnizar. El
alcalde socialista,
José Luis
Vázquez así lo
explica: “no nos
afecta porque del
ayuntamiento no es ni un
metro cuadrado pero
sí que nos afectan
otras enmiendas que se han
presentado a ese proyecto de
ley”. 

 

En concreto, a
través de la
asociación a la que
pertenecen, AMUPARNA,
Asociación de
Municipios con Territorio en
Parques Nacionales,
“hemos pedido formar
parte de los órganos
gestores de esos parques
como ayuntamientos, con
voz y voz”, y por otra
parte, “que se
establezcan consignaciones
presupuestarias de forma
obligatoria, es decir, que se
compense con inversiones y
subvenciones”. 

 

Igualmente,
señala que su partido
“había
presentado una enmienda en
la que se pedía que
los vecinos pudieran volver a
disfrutar de la caza, algo que
se perdió porque se
modificó la propuesta
de la Junta en la que
sí se preveía
que se continuara cazando
pero no se ha tenido en
cuenta y esperaremos a otro
momento”. 

 

El proceso para esta Ley
de Parques Nacionales
seguirá su curso y
tras ser aprobada hoy en
comisión, del 11 al
13 de noviembre irá
al pleno donde se
aprobaría. Durante
todo el trámite se
puede negociar en la
comisión o en el
pleno, que es donde
normalmente se hacen las
transaciones. Aparici
reconoce que “puede
haber negociaciones hasta el
pleno pero no parece que
vayan a hacer cambios una
vez que se ha introducido un
plazo concreto”.

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