Alberto Esteban
Aragón y Daniel
Muñoz Molina son dos
guardas rurales que
desarrollan su actividad entre
las provincias de Salamanca
y Zamora.
Empezaron a trabajar
hace cinco años en los
bosques de utilidad
pública dentro del
programa de
regulación
micológica que
estableció Micocyl,
con la Junta de Castilla y
León, y gestionado
por Cesefor, la entidad
soriana dedicada a la
conservación de los
recursos naturales.
Una docena de guardas
que empezaron a trabajar en
aquel entonces vieron en la
micología un nicho de
empleo a crear una entidad,
con una imagen propia.
Así crearon
´Vigilancia Rural
Salamanca¨. De
aquellos doce, actualmente
permanecen cinco guardas
que atienden Salamanca y
Zamora, aunque
están intentando
abrirse paso en Ávila.
Alberto Esteban reconoce que
en el resto de la Comunidad
apenas tienen contacto con
otros profesionales. Tan solo
con ‘Fedguard’, una
asociación de guardas
con la que comparten formas
de pensar y trabajar.
Los guardas rurales
trabajan en suelo
rústico. Su
misión es vigilar,
proteger y conservar la
propiedad de bienes y
derechos en el medio rural. A
veces, su empleo
está vinculado a la
Administración
pública y son
considerados una especie de
‘policía rural’,
dotados de más
autoridad y bajo una
legislación aplicable a
abusos del espacio
público, lindes,
vertidos, sondeos o todo lo
relacionado con la caza y la
pesca.
Aunque son una empresa
privada, este guarda rural
reclama mayor
atención por parte de
la administración, y
denuncia el abandono que
padecen los pueblos
pequeños que, en
algunas ocasiones y debido a
su tamaño, no cuentan
ni con servicio de Guarda
Civil cercano. De ahí,
que negocien con
mancomunidades o con la
Diputación a
través de un proyecto
de regulación del
Guarderio Rural.
El motivo al que aluden
las instituciones para no
tenerles en cuenta tiene que
ver principalmente con
motivos económicos
y con los recortes que llevan
a cabo desde hace algunos
años, «pero no
entienden que esto es una
pequeña
inversión que
compensa enormemente las
pérdidas que tienen
ganaderos, agricultores y
empresarios del mundo
rural».
La Guardia Civil, el
Seprona o los Agentes
Medioambientales no pueden
ocuparse de todo el suelo
rústico, señala
Esteban. Sobre todo de la
cantidad de robos que se
producen en el campo.
Porque no solo roban cobre,
añade, es que
también están
robando animales.»Que le
roben a un ganadero una
partida de 30 cochinos, o a
un criador de galgos casi
todos sus perros o que le
destrocen a un agricultor su
instalación de riego
robando el transformador o
el motor, son problemas que
nosotros podríamos
evitar, por no hablar de los
robos que se producen en
infraestructuras
públicas».
Aunque se han movido
sobre todo por montes de
utilidad pública de La
Alberca, Candelario, El
Cabaco, Nava de Francia,
Lagunilla o Sotoserrano,
también trabajan en
cotos de caza de Villamor de
los Escuderos, al sur de
Zamora.
El resto de
España
La figura del guarda
rural también existe
en el resto de España,
pero de forma más
estabilizada y regulada con
respecto a Castilla y
León. De esta
manera, son considerados
una figura semi
pública de autoridad
en el mundo rural con
capacidad para cursar
denuncias de manera que el
trámite está
canalizado por una misma
vía administrativa. Si
en la región fuera
así, subraya Esteban,
se solucionarían un
montón de problemas
y las sanciones
repercutirían
directamente de manera
positiva en los propios
municipios.
Algo que ya ocurre en
comunidades como Castilla-
La Mancha, Valencia,
Andalucía,
Cataluña o Navarra y
el País Vasco que
están muy avanzados
en relación con el
resto del país.
Castilla y León es
una comunidad «bastante
atrasada» en este sentido y
los ciudadanos no conocen la
figura del guarda forestal, de
ahí que se
estén dando los
primeros pasos para
reivindicar esta figura.
Las competencias de un
guarda rural tienen que ver
con la vigilancia y
protección del medio
rural. Explotaciones
agrícolas, madereras,
ganaderas, instalaciones
eólicas y
fotovoltaicas,
acuíferos, cotos,
vías férreas,
campings, es decir, todo lo
relacionado con el suelo
rústico y que
está sin
regulación,
además de todas
aquellas que, estando bajo el
amparo de la
Administración,
recojan este tipo de
funciones.
Aunque estos guardas
rurales pertenezcan al rango
de la propiedad privada,
mantienen contactos y
reuniones periódicas
con la Guardia Civil y el
grupo Roca para tratar de
coordinar su trabajo. La
colaboración entre
unos y otros es total, pero
«el volumen de incidencias
que se producen en el campo
son demasiadas para poder
cubrirlas sin la ayuda de
profesionales como
nosotros», afirma Esteban.
Por eso reclaman a
empresas, instituciones,
asociaciones profesionales
como Asaja, o comunidades
de regantes que se les tenga
en cuenta y que no vean su
contratación «como
un mero gasto, sino como
una solución».
El caso de los cotos de
caza
En todas las revisiones
de la Ley de Caza desde el
año 94 hasta el 2014,
el artículo 70 del
título 10, que habla
de la vigilancia, dice
expresamente que «todos los
cotos cuyos propietarios sean
asociaciones de cazadores o
entidades relacionadas con
ellos, deberán contar
con un servicio de vigilancia
contratado por ellos
mismos». Pero, en realidad,
la interpretación que
se hace de la ley no pasa por
el cumplimiento de la misma
y consideran dicha
contratación como
«algo opcional», explica
Esteban.
Por este motivo, la
única alternativa
posible para poder trabajar
en los cotos es ofrecer
presupuestos «ultra
reducidos» con contratos
anuales pero con 36 jornadas
al año de cuatro horas
para que se repartan entre
los días de caza y de
media veda. «Pero lo ideal
sería prestar nuestro
servicio en el coto durante
todo el año».
Lo que demandan los
guardas forestales a los
responsables de las distintas
administraciones es que «no
abandonen los pueblos, que
abran nuevos nichos de
empleo que han quedado
ocultos con el tiempo y que,
probablemente sean una
vía para que el
mundo rural vuelva a
surgir».
Por ahora, el trabajo de
estos profesionales consiste
en «sembrar», en hacer sus
propuestas a quien quiera
escucharlas para que,
algún día,
dé resultados y
puedan seguir trabajando por
la conservación de
nuestro entorno natural.
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