En España, los cazadores afrontan desde hace décadas una problemática que se ha ido magnificando con el paso del tiempo, hasta volverse inasumible. Desde que en los años setenta del siglo pasado viera la luz la ley que regula que los cazadores deben asumir la responsabilidad de los daños ocasionados en los cultivos por especies cinegéticas (cuestión que se ha traspuesto en todas las legislaturas autonómicas de caza), la situación del mundo rural ha cambiado tanto que este régimen legal lleva ya mucho tiempo siendo completamente anacrónico. Las consecuencias de esta tesitura se ven en muchos lugares y Navarra no es una excepción, ya que varias sociedades de cazadores de la Ribera han tenido que abandonar la gestión de sus cotos durante los últimos años a causa de las deudas que les reclamaban los agricultores.
La situación general, lejos de mejorar, ha empeorado sobremanera, por lo que el sector cinegético reclama constantemente al Gobierno central que tome cartas en el asunto. Así se puso sobre la mesa esta misma semana en Albacete, donde el proyecto LIFE Iberconejo organizó las Jornadas de intercambio de experiencias sobre prevención de daños de conejo a la agricultura. Dos días de charlas, conferencias y mesas redondas para abordar la encrucijada asociada a este animal y que se dividieron en cinco grandes bloques temáticos: caracterización de la problemática de los daños; medidas de prevención; herramientas para la gestión del conflicto y caso de estudio; gestión desde la Administración y propuestas de futuro; y discusión de un plan de prevención de daños de conejo a la agricultura.
En ellas estuvo presente la Federación Navarra de Caza (FNC), que participó por medio de uno de sus asesores técnicos, el veterinario Nicolás Urbani. Presidente de la Sociedad de Cazadores de Magallón, en la vecina provincia de Zaragoza, y propietario de una explotación agrícola afectada por los daños del conejo desde hace 15 años, Urbani presentó una completa exposición sobre el porqué del deterioro de esta coyuntura y las posibles vías de mejora para paliar la terrible situación que viven muchas asociaciones de cazadores en la gestión de sus acotados.
En este sentido, apuntó cinco áreas como las principales causantes del problema. Por un lado, la ya citada vertiente política, con una ley preconstitucional que no se ha modificado y que, claramente, aludía a una realidad social que ya no se da en España. Eran tiempos en los que los agricultores cazaban para su propio consumo los conejos que habitaban en su región, por lo que la labor que debían acometer los cazadores no era tan extenuante. Ahondando en este aspecto, Urbani resaltó la importancia tan trascendental que tiene la caza deportiva, basándose en informes científico-técnicos. “Es una de las herramientas más valiosas para la gestión de las poblaciones cinegéticas, ya que los cazadores realizan esta función sin la necesidad de inversiones públicas adicionales, además de que ayudan a mantener la economía de las zonas rurales”, alegó. “No es que lo hagan gratis –continuó–, es que pagan por ir a cazar, ya que las administraciones cobran impuestos por gestionar los aprovechamientos cinegéticos”.
Ante esta realidad, Urbani subrayó que es necesario asumir como inevitable un mínimo nivel de daños, pero que se debe dar “una reflexión importante sobre la responsabilidad de esos daños”. “Una reflexión social y normativa, para que esa responsabilidad esté vinculada a hacer lo posible por controlar el daño que producen estos animales”, remachó. Para que sus recomendaciones se sustentaran sobre cifras económicas, recordó cómo el Gobierno de Aragón los obligó a cazar cómo mínimo 21 días al mes en el año 2019 para luchar contra las sobrepoblaciones de conejos. La administración competente hizo cálculos y llegó a la conclusión de que, si se contratara a empresas dedicadas a realizar esta labor o el trabajo lo hubiesen llevado a cabo empleados públicos, el gasto hubiera ascendido a cinco millones de euros al mes. “Cinco millones de euros mensuales para hacer una labor que, altruistamente e, incluso, pagando, hacemos los cazadores”, incidió.
El segundo factor que hay que tener en cuenta, según defendió el asesor veterinario de la FNC, es el desafío que se vive en los enclaves con gran número de zonas de seguridad (infraestructuras viarias, estaciones eléctricas…), en donde, obviamente, está prohibida la caza ordinaria. En muchos cotos, los conejos aprovechan esos lugares para construir allí sus madrigueras, imposibilitando al colectivo cinegético actuar con eficacia. Urbani evocó el momento en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha propuso que la responsabilidad de los daños de especies que procedieran de esas infraestructuras fuese de sus titulares. “Es algo lógico y razonable”, indicó, para rematar después que el Tribunal Constitucional acabó tumbando la medida.
Como tercera causa, habló de la evolución del conejo silvestre, un animal que posee ahora una mayor resistencia a las enfermedades y que ha registrado un aumento de su prolificidad tanto en número de camadas como en la cifra de ejemplares por cada una de ellas. Se ha producido también un cambio de dieta, para adaptarse a los cultivos actuales, y sus madrigueras han crecido. Sobre todo, ubicándose en las zonas de seguridad, donde los cazadores no pueden llegar. Por otro lado, junto a esta evolución también se ha experimentado un gran cambio en la caza del conejo. A la ya mencionada pérdida de valor de la carne de conejo como medio de subsistencia se ha añadido con el paso de los años un descenso en el número de cazadores y una disminución de la afición de la caza de este animal.
Asimismo, el veterinario aragonés se refirió al caballo de batalla del sector en los últimos años: las normativas de bienestar animal, que dificultan la tenencia responsable de perros y hurones de caza. Estos últimos, puntualizó, “son agentes claves para realizar un control sostenible de la especie”. Y para ahondar en esta afirmación, rememoró el estudio científico desarrollado hace dos años por la FNC, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que se analizó el impacto económico de estos proyectos normativos y cómo provocarían la disminución del número de hurones. “En solo dos temporadas –remarcó–, se multiplicaba por tres la cuantía de los daños que generarían los conejos”.
Una vez sentadas las bases, Urbani aconsejó mirar hacia Europa, para seguir el ejemplo de lo que hacen otros países. Sin ir más lejos, en Francia, la responsabilidad de los daños ocasionados por la fauna cinegética es de todos los cazadores franceses. “Existe una bolsa económica, generada a través de la licencia federativa de caza obligatoria, con la que se cubren estos daños”, explicó. Además, manifestó que las peritaciones válidas son solo las realizadas por la Federación Nacional de Cazadores de Francia, para evitar fraudes, y que, al segundo año sin que el agricultor implemente medidas de protección, se produce una disminución directa del 80% de las tasaciones. Por último, reveló que toda la legislación cinegética debe contar con el voto positivo de la federación de caza. “Sería muy interesante profundizar en este modelo y valorar su aplicación en España”, sentenció.
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