Acosada por las deudas y tras declarar un ERE por extinción de sus siete empleados, la Federación Alavesa de Pesca (FAP) se ha convertido en el primer organismo de este tipo de España en pedir entrar en concurso voluntario de acreedores y solicitar su liquidación ante los tribunales, según la demanda presentada por el abogado Juan Carlos Soto ante el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria. «Nuestra federación ha muerto y no va a renacer», explica a este periódico Alfonso Muñoz, su presidente.
La FAP debe 36.271 euros. La mayor parte de ellos – 23.617- corresponde a seis trabajadores, incluidos en un ERE. De IRPF se adeudan 4.897 y a distintos proveedores 7.757, según la documentación en poder de EL CORREO. La solicitud de la federación explica que la causa de su insolvencia se debe «a la falta de firma de los convenios de colaboración entre la Diputación de Álava y la entidad, producida anualmente y desde 1998, y que suponen la única fuente de ingresos».
La cuestión es que en 1998 el departamento de Agricultura del ente foral, responsable de llevar a cabo la regulación de los cotos de pesca, asignó sin sacar a concurso público esta misión a la Federación. Las fuentes consultadas indican que pagaba en torno a 200.000 euros por año. Los gastos debían estar justificados y la parte de la dotación económica que, hipotéticamente, pudiera haber quedado sin utilizar debía ser devuelta a las arcas forales. «No tenía ningún sentido que la federación se responsabilizara de asuntos que no eras suyos, sino de la Diputación. Se le encomendó el control de los cotos porque eran de pesca. Pero es como si se asigna la gestión de la A-8 a la Federación de Automovilismo porque por la autopista pasan coches», dice Soto.
Las licencias
El convenio le obligó a contratar a siete personas -un biólogo, un administrativo y cinco vigilantes-, pero no le dejaba beneficio. Se convirtió casi en su única fuente de ingresos. «En Álava hay 10.000 personas con licencia para pescar, pero sólo 700 federados. Estos pagan un seguro. Una pequeña parte de él llega a la federación, unos 2.000 euros al año. Eso era todo lo más que ingresábamos».
Muñoz llegó al poder en 2009 y se encontró con unas brutales tensiones de tesorería. «Había años que el convenio se firmaba en junio. Hasta entonces, teníamos que pedir créditos para hacer frente a las nónimas. Pedimos más dinero en 2010 porque no nos llegaba para pagar las facturas, pero no llegamos a un acuerdo y optamos por romper». «No hay nada que hacer. Nuestra federación ha muerto. Sólo queda esperar a que la FederaciónVasca abra un día una delegación en este territorio», zanja Muñoz.
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