Un auto del Tribunal Superior de Castilla y León amenaza con paralizar la caza menor en esa comunidad, escogida por decenas de miles de aficionados vascos para tirar por estas fechas a la perdiz, el conejo y la becada. La resolución, dictada por Sala de lo Contencioso Administrativo, ha suspendido de forma cautelar varios artículos de la orden de caza que la Junta castellano leonesa había aprobado este año, una medida que, en teoría, estará vigente mientras los magistrados resuelven el recurso de Ecologistas en Acción contra la normativa autonómica. Ha sido, en concreto, la anulación del artículo 2.1 lo que impide la caza menor -no la mayor-, pues esa disposición regula las especies cinegéticas; es decir, las que se pueden matar hasta el 29 de enero, que es cuando termina la presente temporada. Al ser invalidada tal regulación, la caza no es posible por falta de base legal.
El Tribunal Superior ha aceptado la tesis de los ecologistas, que advertían de que la normativa autonómica debe adaptarse a la directiva comunitaria sobre aves; y ello obliga a la Junta de Castilla y León a incorporar estudios científicos que justifiquen por qué unas especies concretas son aptas para la actividad cinegética. En realidad, los jueces ya habían advertido de ese requisito al Gobierno regional hace tres años, cuando dejaron sin efecto cuatro artículos de la orden de caza de 2002. Y se trató exactamente de las mismas disposiciones que han sido anuladas este año: 2.1, 6.1, 6.3 y 9.1.
El Tribunal Superior recuerda que entonces las autoridades autonómicas no pusieron objeciones a la suspensión de los artículos -la anulación llegó varios años tarde y no impidió la caza-. Según se indica en la resolución, como ahora los preceptos impugnados son similares, lo lógico es resolver de forma idéntica.
Estrategia legal
La Junta, que recibió ayer la notificación del auto, reconoce que se ha equivocado y ha anunciado que intentará agotar todos los plazos legales a su alcance para que la caza menor no tenga que suspenderse en la práctica. En primer lugar, pedirá al Tribunal Superior una explicación de la resolución que ha adoptado. Ese trámite llevará varios días, durante los cuales la Administración autonómica últimará una nueva orden de caza que esté adaptada por fin a la legislación europea.
No obstante, si finalmente no hubiera tiempo suficiente (el borrador de la nueva orden fue enviado ayer al consejo consultivo del Ejecutivo regional), se presentaría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esa posibilidad está prevista en el propio auto judicial y, según las autoridades regionales, detendría su ejecución.
A pesar de esas aclaraciones, la indignación es palpable entre los aficionados, debido a la incertidumbre que el Tribunal Superior ha creado cuando están abonados los cotos y las licencias. Castilla y León es una de las comunidades preferidas por los vascos, y también por los asturianos y gallegos. Cuenta con 5.700 cotos privados, diez reservas regionales de caza y ocho zonas de caza controlada.
Los colectivos de cazadores argumentan que si efectivamente se prohibiera la caza menor en esa comunidad, los perjuicios serían difíciles de calcular tanto para los propios aficionados como para los municipios y negocios que obtienen recursos directos e indirectos gracias a esa actividad. Una sociedad de caza, por ejemplo, puede pagar más de 20.000 euros a un municipio (cifra aproximada) por los derechos de caza menor durante una temporada.
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