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El delincuente que suscribe

N.G.- Delincuente, término que repito aunque me duela, es la palabra con la que el Estado lleva etiquetándome desde que a los 14 años decidiera obtener mi primer permiso de armas. Fue el de tipo AEM (Autorización Especial para Menores) y me capacitaba a cazar junto a mi padre con mi primera escopeta.

Desde aquel mismo día, debí pasar a formar parte de la lista de indeseables que este Gobierno no ha publicado, pero que tiene bien presente. De este colectivo incómodo al que en un año van a tratar de hundir tres veces en la más absoluta miseria. La primera fue con un Reglamento de Cartuchería, que seguía dejándome comprar y almacenar tan solo 100 pistones previa autorización, mientras en Europa son de venta libre y por millares. La segunda fue la Ley de Caza del Gobierno Vasco socialista, mediante la cual no se podrá cazar en Bizkaia y Gipuzkoa si sale adelante. Y la última, a modo de tiro de gracia, el nuevo Reglamento de Armas publicado en el BOE del 30 de noviembre.

Según el Gobierno español, el nuevo reglamento se ha elaborado para adaptarlo a las directrices europeas. Pero es mentira, eso no ha sido más que una excusa. Esta injusticia de reglamento traerá consigo, como particular regalo de Navidad, la calificación de arma ilegal para la mayoría de escopetas y rifles de caza semiautomáticos. Suprime también la licencia AE, y pone cupo a las armas de avancarga. A su vez, reduce a ocho la cantidad de rifles amparable en la licencia D, mientras manda a la chatarra cientos de miles de carabinas del calibre 22.

Todo esto amparado en la coartada de la seguridad ciudadana, cuando todos sabemos que atracar un banco con un arma de avancarga napoleónica es la última moda; o que es posible empuñar con una sola mano ocho, nueve o 30 rifles a la vez. Precisamente, la base de que daría consistencia a ese argumento, la estadística que indique cuantas armas legalizadas se han utilizado para cometer un delito, es lo que esconde el Ministerio del Interior. Pero se lo adelanto yo: entre ninguna y muy pocas.

¿Qué ocurre? Que para el Estado es mucho más sencillo controlar, machacar y desilusionar a quienes acuden a las instituciones a solicitar un permiso de armas, que a quienes las distribuyen por el país y delinquen con ellas como miembros de bandas organizadas. Y si de paso se consigue algún puñado de votos de los desconocedores de nuestras aficiones, los antiarmas, anticaza o antialgo, pero prosubvención, mejor que mejor.

Ahora solo nos queda la opción de presentar alegaciones (disponibles en www.desveda.info y www.oficinanacionaldecaza.org ). Las nuestras y las de todo aquel que nos apoye, en cualquier registro de la administración. Queremos decir no a este reglamento que nos aleja de Europa y pasa de tratarnos como delincuentes desde el año 1993, a hacerlo como criminales a partir de 2010. Los modelos pueden encontrarse fácilmente en Internet, ya formulados. Las alegaciones recurren prácticamente cada artículo de esta nueva bazofia legal que nos han colado en el BOE, mientras nos engañaban al decirnos que aún no había nada escrito en una comisión que costó a la ONC casi una intervención divina conseguir.

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