La Fundación Artemisan ha presentado el estudio de Impacto Económico y Social de la Caza en España, que ha realizado la consultora independiente Deloitte
Un efecto económico directo, indirecto e inducido de más de 6. 475 millones de euros al año y un total de 187.000 puestos de trabajo existentes es el contundente resumen del primer informe sobre Impacto Económico y Social de la Caza en España, que la consultora independiente Deloitte ha realizado a lo largo de un año por encargo de la Fundación Artemisan.
El estudio, que cuantifica en más de 5.4370 millones de euros el gasto directo generado por la actividad cinegética, sirve para “poner en valor la caza, sin complejos, que se entienda la profesionalización que ha sufrido el sector en los últimos años y se haga una apuesta verdadera, más allá de las buenas palabras, en el desarrollo de un gran proyecto para el mundo de la Caza en España”, según señaló José Luis López-Schümmer, presidente de la Fundación Artemisan, durante la presentación del informe.
A pesar de tratarse de una investigación en profundidad, el director general de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, apunta que se trata de “un estudio de mínimos” debido a que “los efectos intangibles son muy difíciles de calcular”. Sin embargo, reconoce que los resultados “nos han sorprendido a todos, aunque es cierto que es necesario tener en cuenta lo que la caza supone para otros sectores relacionados” con la actividad cinegética.
El informe de la Fundación Artemisan revela que la actividad cinegética representa el 0,3% del Producto Interior Bruto, que equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero.
También asegura que la caza aporta a las haciendas públicas del Estado español más de 614 millones de euros, de los que el 33% son aportados directamente en concepto de tasas e impuestos por cazadores, rehaleros y gestores de terrenos cinegéticos, y que por cada euro gastado en la actividad se generan 1,18 euros de PIB.
Villanueva reconoce que los datos legitiman los cazadores a solicitar una mayor implicación de las Administraciones públicas que “invierten muy poco, por no decir nada, en los cotos privados gestionados por cazadores, mientras que la aportación que realizan de cara al cuidado del medio ambiente debería ser tenida en cuenta”. De hecho, el 82,6% de los terrenos cinegéticos están organizados en cotos privados, el 7% en cotos deportivos y el 10% por el resto de tipologías de terreno.
800.000 cazadores
Además, la estrecha relación de la actividad cinegética con el acervo cultural y social se manifiesta en la contabilización de cerca de 800.000 personas que practican esta afición deportiva, de las que 334.000 cuentan con licencia federativa. Es decir, que tras el fútbol y el baloncesto la caza es el tercer deporte más practicado en España y es, tras Francia, el país con un mayor número de licencias.
Los casi 187.000 puestos de trabajo anuales que mantuvo la caza, de los cuales cerca de 45.500 empleos fueron empleos directos generados por titulares de cotos y organizaciones profesionales de caza, suponen el 1% de la población activa en España. Esa cifra, en comparación con otras actividades intensivas en empleo, se corresponde, por ejemplo, con el 81% de la ocupación que crea el sector de fabricantes de vehículo a motor o casi la mitad de los trabajadores ocupados en servicios de alojamiento.
Los beneficios para la seguridad vial, al evitar la superpoblación de especies cinegéticas como jabalís o ciervos que son los responsables del 54% de los accidentes en carreteras ocasionados por fauna silvestre, que además causan el 12% de los 147.432 siniestros agrícolas contabilizados en 2016, son otros elementos que se detallan en el informe.
El control poblacional es determinante además para minimizar la expansión de enfermedades que, en consecuencia, puede generar un elevado coste económico para las explotaciones ganaderas.
Los diferentes sectores implicados en la caza también inciden en aspectos reconocidos por la Comisión Europea como instrumentos de gestión de la fauna silvestre y de los ecosistemas. En total son casi 300 millones de euros los que se destinados a esas áreas, 233 millones en repoblaciones y otras inversiones conservacionistas y 54 millones en el mantenimiento de accesos, mejoras o cortafuegos.
La labor ejercida por los actores cinegéticos en la recuperación del lince ibérico es también un ejemplo relevante de su incidencia, a través del mantenimiento en cotos privados de las poblaciones de conejo de monte y perdiz que le sirven de alimento.
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